*El organismo empresarial exige una urgente Reforma a la Ley de Seguridad Privada en México porque la falta de una Ley General de Seguridad Privada permite que empresas irregulares, e incluso organizaciones criminales, operen sin control y sin los mecanismos adecuados de supervisión
Ciudad de México, a 21 de marzo de 2025
La industria de la seguridad privada en México se encuentra en una encrucijada que amenaza tanto su desarrollo como la seguridad pública y privada del país por lo que las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), han expresado su preocupación y urgencia por la necesidad de una ley general eficaz que regule adecuadamente el sector, en un contexto de confusión normativa y competencia desleal.
El Congreso de la Unión enfrenta la presión de corregir las deficiencias estructurales que afectan a la industria, después de la reciente aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados de dos dictámenes que no resuelven los problemas fundamentales, según Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME, quien afirma que la nueva iniciativa mantiene un marco normativo fragmentado, con una distribución de competencias ambigua que genera duplicidad de regulaciones y una sobrerregulación insostenible.
Las contradicciones entre las 32 leyes estatales y los cientos de reglamentos municipales dificultan el desarrollo del sector formal, mientras que la falta de una Ley General de Seguridad Privada permite que empresas irregulares, e incluso organizaciones criminales, operen sin control y sin los mecanismos adecuados de supervisión. Esta situación fomenta la **informalidad** y pone en riesgo tanto a los trabajadores del sector como a los ciudadanos, al permitir que empresas fachada se infiltren bajo el nombre de “seguridad privada”.
El sector de seguridad privada en México es crucial para la estabilidad económica y laboral del país, generando alrededor de 450,000 empleos formales, lo que representa casi el 2% de los registros del IMSS. Sin embargo, la falta de certeza jurídica y la imposibilidad de establecer una regulación clara impiden que este sector crezca de manera responsable y eficiente.
ASUME ha solicitado al Congreso que expida una Ley General de Seguridad Privada que aborde las siguientes necesidades urgentes: eliminar requisitos inconstitucionales, clarificar las competencias entre la Federación y los Estados, y reconocer el papel coadyuvante de la seguridad privada, sin confundirla con funciones de autoridad pública. La nueva ley debe ser adaptada a la *, considerando áreas como la seguridad tecnológica, el transporte de valores y la protección ejecutiva.
Zúñiga Salinas también destacó que el país no puede seguir operando bajo un esquema normativo que fomente la informalidad y deje a las autoridades sin herramientas para sancionar a quienes incumplen. La industria de la seguridad privada está lista para colaborar con el Estado en un entorno de mayor profesionalización, transparencia y confianza ciudadana. Finalmente, ASUME reiteró su disposición al diálogo con el Congreso y las autoridades competentes para crear una legislación que dé certidumbre jurídica, promueva la formalidad y fortalezca la seguridad en todo el país. La necesidad de una legislación moderna y eficaz es apremiante para garantizar un entorno seguro tanto para los ciudadanos como para los trabajadores del sector.
